En Agosto Del Año Pasado y también por nuestro Fans Page nuestra Representante de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Acceso a la Justicia Adriana Villalta nos presentaba esta interesante nota:
Analizando la situación de la Criminalización de la Protesta Social a nivel internacional, nos percatamos que países democráticos como España, Francia, entre otros, vienen realizando constantemente diversas protestas ya sea por temas de ganadería, agricultura, educación, trabajo, jubilación, siempre reclamando mejores condiciones laborales, sociales y ambientales.
Entonces aquí surge la interrogante de más de un peruano, ¿No se supone que somos un país democrático, entonces porque en nuestro país están prohibidas este tipo de manifestaciones? Bueno, todo surge a inicios del Segundo Gobierno de Alan García, en donde emiten normas que prohíben y castigan severamente toda clase de manifestación social, imponiendo penas hasta de 25 años de privación de la libertad, así como lo leen “25 años”, similar a las que reciben quienes cometen los delitos de tenencia ilegal de armas y narcotráfico, no se supone que ¿es un país democrático?, entonces donde quedan los derechos constitucionales de libertad de asociación, libertad de expresión y su posible colisión vulnerando el derecho a la vida.
La criminalización de la protesta social según la aplicación del código penal se ha argumentado bajo el criterio de mantener la paz, la seguridad publica y el orden constitucional, así se puede incriminar a los participantes de la protesta, veamos el trasfondo de esto, en el 2007 se creo el Decreto Legislativo Nº982, con el que se trata de frenar este tipo de manifestaciones sociales, pero esta norma determina que personal de la policía y de las fuerzas armadas no podrán ser enjuiciados por cometer lesiones o muertes durante el cumplimiento de su deber en dicho suceso, entonces ¿donde queda el derecho a la vida?, realmente se torna demasiado contradictorio para un país democrático, justificar excesos y violaciones de derechos humanos solo por querer mantener una apariencia de que en el Perú todo es orden y cumplimiento a las normas, sin percibir que un pueblo se levanta cuando hay una falla en el sistema, que son los padres de la patria quienes deben de solucionar las demandas de los pueblos en beneficio de todos, no en su conveniencia, o por mantener un cargo importante.
Realmente es lamentable ver como el mismo Gobierno, en vez de escuchar las voces de estas protestas con fundamento y mediar soluciones, solo crea dispositivos legales que vulneran derechos constitucionales, a este claro ejemplo tenemos las protestas y represiones violentas suscitadas en el Caso Bagua - Amazonas, Rio Blanco – Piura, Atalaya – Pucallpa, Minsur – Tacna, Afrodita Cenepa – Amazonas, Secclla – Huancavelica, Canchis – Cusco, donde solo se hecho la culpa a la población en su mayoría indígena y el Estado no asumió su responsabilidad, en donde queda grabada en la historia del país y en la memoria de los pueblos.
Considero que los sucesos que se han dado en el país por motivos de la protesta social, no deberían quedar como simples hechos, si no que el Estado mismo debería partir de esto y buscar soluciones para evitar que pasen situaciones parecidas en un futuro, es asi que las diversas sociedades Civiles en el Perú, las Organizaciones sociales y las fuerzas políticas democráticas deben unirse y emprender conjuntamente acciones necesarias sin transgredir los derechos, para que el Gobierno tome cartas en el asunto, se deroguen las leyes o se inserte acciones de inconstitucionalidad, ya que atentan contra los derechos humanos, esto ayudara a que situaciones irreparables como los casos ya citados se vuelvan a repetir, cuando podemos cambiar las perspectivas en nuestro país de la mano del Gobierno con políticas de avance eficaces de justicia social.
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